Milei pierde la pulseada cultural: las instituciones no se tocan pero se disolverá la Defensoría del Público

Todo indica que acabó el primer round de la gestión Javier Milei por el dinero y esfuerzos que el Estado destinará al área de Cultura: permanecerán las instituciones. Los cierres propuestos en la Ley Ómnibus, que serán aprobados o rechazados la semana próxima en Diputados, no lograron el apoyo del Congreso. La oposición, en la que el radicalismo jugó un papel decisivo inclinando la balanza en contra, tampoco ofreció sacar las propuestas en una versión atenuada ni gradual.

El Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, y el Instituto de la Música no serán disueltos, como tampoco serán subsumidos bajo el organigrama de la Secretaría de Cultura –esta propuesta fue ofrecida en las audiencias de la semana pasada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli–, y conservarán su autarquía.

Desde que se conoció el proyecto, distintas voces de la cultura, tanto las afines a UxP como desde sectores independientes, se pronunciaron contra distintos aspectos contemplados: hubo protesta activa en la plaza del Congreso – con un «musicazo»– y en las capitales provinciales, mientras sectores vinculados a la edición y el panorama de librerías también se pronunciaron en contra, entre ellos, el editor Alejandro Katz.

Las tratativas en Diputados ofrecieron a la bancada mileísta dos compromisos importantes. Y un bonus de cierre consuelo que la Ley Ómnibus no había incluido: la disolución de la objetada Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que desde sus comienzos estuvo en manos de La Cámpora.

Primero, se incluirá en el texto final de la ley que se establecerán techos salariales en todas las instituciones, por los cuales los salarios no podrán superar el 70 % de los presupuestos de cada institución.

Las fuentes consultadas indicaron que ese techo ya existía pero era metódicamente salteado, mediante aumentos salariales y designaciones nuevas. Así, el gasto en personal de las distintas instituciones quedará limitado: «la filosofía rectora es que el dinero se destine a los artistas y que no quede en la burocracia», explicaron.

Esto atañe a varias de las entidades cuya continuidad estuvo en zozobra en estas dos semanas, como el INT, el Instituto de Música y el Fondo Nacional de las Artes. También quedará por escrito el compromiso de que la ley que rige al INCAA deberá reformularse en el plazo de un año.

En la práctica, esto supondrá poner a las respectivas plantas en la «licuadora» salarial, aunque no se descarta que también avancen los recortes de personal, en la depuración ya en marcha en otros organismos de la burocracia estatal.

En cuanto a la Defensoría del Público, ofrecida por la oposición, el ente fue creado en 2012 en el marco de los empeños de Cristina Fernández por la Ley de Medios y el control de contenidos. Lo presidía la periodista Miriam Lewin.

Entre sus iniciativas, se destacó el Observatorio NODIO, una campaña lanzada en octubre de 2020, con el trasfondo de las primeras voces de disenso por la cuarentena. Mientras se decía destinado a combatir la desinformación en radio, TV y particularmente en las redes sociales, y a verificar el cumplimiento de la libertad de expresión, en la práctica procuraba etiquetar o cancelar discursivamente las expresiones de rechazo y voces opositoras, bajo la calificación de manifestaciones de odio.

El concepto de los discursos de odio dista de haber sido una formulación argentina; se inspiraba en un discurso del Secretario General de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, en mayo de 2019, al afirmar que «el odio se está generalizando, tanto en las democracias liberales como en los sistemas autoritarios y con cada norma que se rompe se debilitan los pilares de nuestra común humanidad».